
Hasta ahora, el cambio climático ha tenido una prioridad baja en Colombia, pues el país aparece con niveles de emisiones reducidas en las comparaciones internacionales. Sin embargo, esta postura es equivocada, pues Colombia es uno de los países del mundo que tiene más para perder con el calentamiento global. Los riesgos que implica sobre la biodiversidad única del país y sobre sus fuentes de agua, entre muchos otros temas, son extraordinarios.
Sin embargo, también podría estar entre los países que tienen más para ganar. Esta conclusión se hizo evidente en el foro Cambio Climático: Retos y Oportunidades para Colombia, organizado por Dinero, el Banco Mundial y el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en junio pasado. El foro, que tenía como propósito llevar el tema al lugar prioritario que le corresponde en la agenda pública y empresarial, puso de presente que Colombia tiene una amplia agenda por ejecutar en este frente.
Los empresarios colombianos, en particular, están en mora de asumir el papel que les corresponde en la solución. Es necesario que nuestras empresas entiendan cuáles son las implicaciones de su huella de carbono, cuáles son los problemas que plantea y las oportunidades que se abren a partir de allí.
A vender certificados
En Colombia, el principal foco de negocios relacionados con el cambio climático ha sido hasta ahora la venta de certificados de reducción de emisiones. Los certificados se transan en la actualidad a cerca de US$28 por tonelada. Según cifras de Naciones Unidas, hoy en el mundo hay más de 1.100 proyectos que están reduciendo cerca de 220 millones de toneladas de CO2 al año. Brasil, Chile, México y Argentina han tomado la delantera en la región, mientras que Colombia apenas cuenta con diez proyectos aprobados, que representan algo más de 950.000 toneladas de reducción de emisiones. Hacia adelante, según el Ministerio de Ambiente, Colombia tiene 29 proyectos con aprobación nacional que representarían reducciones de emisiones por más de 4,4 millones de toneladas anuales.
Si bien Colombia se ha movido por debajo de su potencial en este frente, hay resultados positivos. El proyecto Santa Ana, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), ha sido el proyecto mejor vendido en América Latina, a US$24 por tonelada, en 2007. Aprovechando la caída de agua que viene por túneles desde la Planta Wiesner en La Calera, en el oriente de Bogotá, hasta el Tanque de Santa Ana, en el norte, produce energía limpia que le permite reducir más de 24.000 toneladas anuales de CO2 y los recursos, cerca de US$450.000 anuales, los invierte en el cuidado del ecosistema de Chingaza. Por otra parte, el país ha sido innovador en sus propuestas. TransMilenio es el primer modelo en el mundo de reducción de emisiones a partir de un sistema de transporte masivo. Y la Central Hidroeléctrica de Amoyá, en el Tolima, que utiliza las aguas del páramo de Las Hermosas, fue destacado en 2003 como el mejor proyecto ambiental en el mundo.
En camino vienen otros proyectos. Fedepalma está realizando el tratamiento de las lagunas de 32 plantas de producción de aceite, capturando el metano y transformándolo en energía eléctrica para cada planta. Así reduce los gases por la captura del metano y además cambia su generación de energía, que antes era de diesel, a energía limpia. Será uno de los más grandes de América Latina, con un cálculo aprobado por Naciones Unidas de 750.000 toneladas al año, que le significarían ingresos superiores a los US$15 millones anuales durante 21 años.
Otro caso que avanza es el de la captura de metano en el relleno de Doña Juana en Bogotá. Lo lidera Gas Natural de España y es, para la multinacional, el proyecto en rellenos sanitarios más importante de América Latina, con cerca de 700.000 toneladas de reducción. La idea es aprovechar el metano en generación de energía para unas 40 ladrilleras que operan en la zona. Esto les permitiría a estas empresas acceder a una energía limpia y a mejorar sus procesos productivos, lo que podría significar una mejora en los precios de sus productos. También despiertan expectativa el proyecto de Procuenca en Caldas, el primer proyecto de reforestación bajo el modelo de Kyoto en América Latina, y otros más de Interaseo en rellenos sanitarios, entre otros.
En tratamientos de aguas, Empresas Públicas de Medellín (EPM) desarrolla una planta de tratamiento cerca de Bello, en el río Medellín. La planta tiene una inversión cercana a los US$500 millones y debe estar lista en el primer trimestre de 2011. El proceso capturará metano para generación de energía y aunque no tiene aún identificado el número de toneladas que podrá reducir, esperan cerca de US$80 millones por este concepto. "Entregarle a la naturaleza las aguas debidamente tratadas después de su uso ayuda a mantener la oferta hídrica. Con esto, el costo futuro del agua estará más controlado", explica Francisco Piedrahita, director de Aguas de EPM.
El bajo desarrollo del uso de certificados en Colombia se explica en parte por el desconocimiento del mercado. Los proyectos iniciales transaron sus certificados a precios bajos, cercanos a US$5 oUS$6 por tonelada, con ventas a largo plazo a intermediarios. Por otra parte, hubo exagerados trámites, tanto en Colombia como en Naciones Unidas. Finalmente, la percepción de riesgo en los inversionistas extranjeros ha sido un obstáculo.
Estos factores han cambiado y ahora las expectativas son diferentes. La viceministra de Ambiente, Claudia Mora, explica que "hemos venido trabajando para eliminar los obstáculos. El portafolio de proyectos se ha transformado. Hemos puesto empeño en divulgar el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en distintos sectores. Estábamos concentrados en el sector energético y ahora nos metimos de lleno a trabajar en sectores como servicios públicos, con rellenos sanitarios y plantas residuales".
"Las condiciones están dadas", explica Thomas Black, director del Centro Andino para la Economía en el Medio Ambiente. "Los precios hoy son muy atractivos por la demanda, en especial del bloque europeo. El consenso es que sea cual sea el próximo presidente de Estados Unidos, se va a iniciar un programa de mercado de reducción de emisiones y eso incluiría la importación de certificados emitidos por Naciones Unidas a proyectos MDL de países en vía de desarrollo"
A esto se agrega la revaluación del peso, que facilita la importación de equipos para construir proyectos que permitan vender certificados, los altos precios del petróleo y los combustibles fósiles y los estímulos tributarios otorgados a este tipo de proyectos.
Debemos hacer más
Colombia no se puede quedar en el tema de los certificados de reducción de emisiones, pues ellos apenas representan una solución parcial al problema del calentamiento.
El país debería tomar una iniciativa mucho más audaz, que una las energías de los sectores público y privado, para movilizar un cambio profundo en nuestra cultura empresarial respecto al cambio climático. Nuestras empresas tienen que seguir el ejemplo que están marcando las grandes corporaciones del mundo y pasar a ver este asunto como una oportunidad histórica para jugar en el grupo de los líderes del futuro. No es una alternativa esperar a que otros hagan y resignarnos a seguir perdiendo competitividad, para al final vernos obligados a hacer el trabajo de todas formas, bajo la presión de consumidores e inversionistas internacionales.
Siguiendo las indicaciones del Stern Review, se requiere una combinación de regulación, información y financiación para enfrentar el problema. La regulación debe generar incentivos claros para la reducción de emisiones a través de un proceso administrativo sencillo que las empresas puedan cumplir. La información es indispensable para que las partes interesadas en el proceso (especialmente los consumidores y los inversionistas) puedan seguir de cerca el progreso de las empresas en este campo. La financiación es indispensable para poder emprender los proyectos y las iniciativas innovadoras que se requieren para dar una dinámica real al proceso.
Como ejemplo de las posibilidades, basta pensar en lo que ocurriría en el sector de la construcción si hubiera una mayor conciencia de la problemática. La construcción es responsable del 38% de las emisiones de dióxido de carbono, 36% de los gases de efecto invernadero y casi 40% de la producción de desechos sólidos que llegan a un relleno sanitario, entre otros impactos sobre recursos no renovables, según cifras de Camacol. Una iniciativa destinada a mejorar este desempeño tendría el potencial de transformar también la competitividad del sector a través de la adopción de nuevos procesos y tecnologías.
El tiempo apremia. Las empresas colombianas tienen la capacidad para aprovechar esta oportunidad para multiplicar su competitividad internacional. Sin embargo, no es un proyecto en el cual se pueda avanzar a partir de trabajos individuales. Se requiere unificar esfuerzos y llegar a una iniciativa colectiva para salir adelante.
Publicado en la revista Dinero agosto 15,2008